Nuevo choque entre PSOE y Podemos por el veto a los desahucios

[SHAKIRA]

No hay nada firme ni definitivo en cualquier acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. La elaboración del decreto antidesahucios, con el que Moncloa pretende prohibirlos para los hogares más vulnerables hasta que el próximo mes de mayo decaiga el actual estado de alarma, vuelve a dividir a los socios de Gobierno por la intención de los ministros socialistas de establecer algún tipo de compensación a los grandes propietarios de vivienda. Tal y como adelantó ABC, hay un intenso debate entre las alas socialista y de Podemos del Ejecutivo a propósito de una norma, que no está ni mucho menos cerrada. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegura que saldría adelante antes de final de año, mientras que Pablo Iglesias lleva presionando para su aprobación desde noviembre. La última polémica gira alrededor de la posibilidad, que han puesto sobre la mesa Economía y Justicia, de establecer algún tipo de «compensación» para los grandes propietarios de vivienda y, de esta forma, «no vean reducidos sus beneficios por esta media», informaron fuentes de la negociación a EP. Esta medida afectaría tanto a contratos de arrendamiento como a inmuebles «okupados», aunque en este último caso se daría un plazo de tres meses a los Servicios Sociales para buscar una solución habitacional a aquellas personas que acrediten una situación de vulnerabilidad. En cualquier caso, el actual veto a los desahucios tiene vigencia hasta el próximo 31 de enero y se reduce a los impagos del alquiler debido a situaciones derivadas de la actual pandemia. Temor a los tribunales Detrás de esta última polémica, aseguran desde el ala socialista, está el temor a que el real decreto sea recurrido ante el Constitucional y los principales destinatarios del real decreto sean los primeros perjudicados, tal y como informó ABC. De ahí que prefieran armar un buen texto, y relativicen las prisas de Pablo Iglesias, quien ya convirtió este asunto en «casus belli» durante en los Presupuestos. La posibilidad de una guerra judicial contra el Gobierno por parte de las inmobiliarias es una posibilidad real. Organizaciones como la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), tachan la futura norma de «un grave atentado contra derechos constitucionales fundamentales» y alertan contra la caída de las inversiones.

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