Reformar para conservar

[SHAKIRA]

La historia constitucional española muestra un movimiento pendular que parecía definitivamente superado con nuestra vigente Carta Magna. Buscar en la Constitución un punto de encuentro, un ámbito de convivencia entre quienes habían llegado a matarse, y a matarse con saña desde hacía ciento cincuenta años, fue el propósito declarado de la generación que hizo la Transición Política. Sin embargo, lo que fue admirado como punto de inflexión para dejar atrás nuestros males seculares, se pretende presentar hoy como una limitación. Si la Constitución del consenso fue denostada en su momento por residuales grupos postfranquistas, lo es hoy por emergentes legitimistas de no sé qué, que más parecen los hijos malcriados de generaciones que les han legado con mucho esfuerzo lo que ellos no han sabido apreciar. Escuchar a Adriana Lastra lo que dice y cómo lo dice de Felipe González movería a la risa si no fuera por las terribles consecuencias que tiene dejar las cosas de comer en manos como esas. Quienes expresan o tácitamente se han conjurado para acabar con el pacto político de 1978 –lo que despectivamente llaman el régimen del 78- saben muy bien que no lo lograrán con el enfrentamiento directo o la oposición frontal, sino erosionando poco a poco de aquí o de allá y buscando que la fatiga de materiales haga el resto, para presentarse finalmente como los salvadores de un edificio que se desmorona. Jurar o prometer lealtad a la Corona y trabajar a diario para deslegitimar la Monarquía o limitar su presencia pública; jurar o prometer acatamiento al orden constitucional y dar por hecha la plurinacionalidad del Estado, totalmente refractaria a la Nación Española como sujeto constituyente; el progresivo intento de implantar una «verdad oficial» –leyes de la memoria, control de las fakes- contrario a la neutralidad ideológica del Estado y al pluralismo como valor superior del ordenamiento jurídico; moldear la sociedad desde el Estado –restricciones a la libertad de enseñanza como contrapuesta al derecho a la educación, regulaciones no consensuadas en materia de derecho a la vida- en lugar de permitir que sea el propio dinamismo social quien vaya conformando el difícil equilibrio entre los derechos fundamentales; incluso el propósito de cambiar la gramática –eso llamado absurda y contradictoriamente «lenguaje Inclusivo»- con un sesgo ideológico claro y parcial, son ejemplos de esa estrategia de acoso y derribo. Ver aplaudir en el Congreso, a propósito de la aprobación de los presupuestos, a muchos que realmente estaban aplaudiendo el cerrojazo a la alternancia política, es uno de los primeros y preocupantes logros de esa estrategia. Frente a ello, el inmovilismo parece imponerse entre quienes defendemos la vigencia del pacto político de la Transición. Parece que la respuesta ante esa amenaza de revisionismo completo sea no hacer nada como la mejor manera de apuntalar lo que hay. Es un error, porque nos priva de la iniciativa política que a otros se regala, porque desplaza el plano de la legitimidad constitucional del encuentro entre españoles diferentes a otros postulados sobrevenidos que no ocultan la exclusión y condena política de muchos de esos españoles, y nos hace pasar por simples resistentes, grupos a la defensiva. Reformar es el mejor camino para conservar, porque no solo permite llegar a acuerdos en lo que se modifica, sino que renueva los acuerdos en lo que se mantiene. La confianza de saber que lo que defendemos no solo es bueno, sino que es mejor, nos debe llevar a perder el miedo a reformar nuestra Constitución para evitar esa fatiga de materiales que milita a favor de sus enemigos. Las veintisiete enmiendas a la Constitución Americana han permitido que la primera potencia mundial siga siendo una democracia regida por un texto de 1787. La Ley Fundamental de Bonn ha sido modificada más de cincuenta veces desde 1949. En España, sin embargo, solo hemos modificado en dos ocasiones el texto del 78 -artículos 13 y 135- y la última de tapadillo. La reforma del orden sucesorio al Trono de España, la inviolabilidad del Rey, un reparto definitivo del orden competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la reforma del Senado, el fortalecimiento de los mecanismos de coerción federal, la posible supresión de la provincia como circunscripción electoral para conseguir una mayor proporcionalidad en el Congreso y una verdadera representación autonómica en el Senado, la constitucionalización de nuevos derechos… son varias de las cuestiones de calado que llevan ya demasiado tiempo esperando. Pero junto a ellas, hay otras no de orden menor, pero sí de menor carga política, que deberían abrir el camino de esa vía de reformas. Imagen de archivo de las Cortes Valencianas - MIKEL PONCE Entre estas últimas, quiero y debo detenerme, como valenciano y jurista, en la proposición presentada por las Cortes Valencianas para la modificación de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución, admitida a trámite y publicada en el Boletín Oficial del Congreso del pasado día 28 de febrero. Se establece en ella que las Comunidades con competencia en Derecho Civil extiendan esa competencia a la actualización y recuperación de su derecho privado histórico, de conformidad con los valores y los principios constitucionales. Se pretende así la reintegración del Derecho Civil Valenciano, que pareció conseguirse con la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 y laminó definitivamente el Tribunal Constitucional con tres sentencias anulatorias de las leyes de la Generalitat de régimen económico matrimonial, custodia compartida y parejas de hecho, que acatamos aunque no compartimos. Pero no se pretende como un privilegio o singularidad de los valencianos, sino en el marco de la reordenación de esta competencia para todas las Comunidades que la tienen (Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia y Baleares). Mas de quinientos municipios valencianos han aprobado mociones en defensa de esta reforma, apoyada por las Universidades, Colegios de Abogados, Registradores, Asociaciones Empresariales, Sindicatos y otras muchas entidades de la sociedad civil. No se entendería por muchos que queremos estar dentro del pacto constitucional que fuera rechazada una reforma que es respetuosa con el hecho de la foralidad como criterio constitucional de la distribución competencial en esta materia, que nace del respeto a la jurisprudencia constitucional que expresamente no compartimos, que ordena y da cobertura constitucional a una materia -la civil- en la que nunca ha existido unidad legislativa, que no limita los derechos de nadie y que responde a un consenso institucional tan amplio. Muchos esperamos que su aprobación abra la vía de un camino de reformas que es necesario transitar para demostrar que la Constitución es la zona de confort de todos los demócratas, en la que caben las reivindicaciones de muchos, y no un corsé que ahoga la respiración para mantener una figura que no es real. * Luis-Miguel Higuera Luján es abogado, vocal de la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano y miembro de la Associació de Juristes Valencians.

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