El TC avalará las devoluciones «exprés» con el aval de Europa

[SHAKIRA]

Cinco años después de que PSOE, IU, Grupo Mixto y UPyD presentaran su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Seguridad Ciudadana, el Pleno del TC estudia esta semana una ponencia que avala la norma aprobada por el PP. Uno de los puntos más importantes es el de las devoluciones en caliente, cuya constitucionalidad declararán los magistrados. Los grupos parlamentarios impugnaron hasta doce preceptos de la ley al considerar que vulneraban derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva, reunión o manifestación. No es la primera vez que el Pleno del TC aborda el asunto, pero sí la primera en la que se parte de un borrador favorable a respaldar la apodada por la oposición «ley mordaza». La ponencia recayó inicialmente en el magistrado Fernando Valdés, partidario de declarar en términos generales la inconstitucionalidad de la ley, pero su borrador no encontró apoyo en el seno del tribunal, como los propios magistrados pusieron de manifiesto en junio en una nota informativa en la que explicaban que aplazaban el debate por «la complejidad de la materia y su sensibilidad político-social». Lo cierto es que tras la salida de Fernando Valdés del TC -por la apertura de una causa por presunto maltrato-, la ponencia ha recaído en el presidente del órgano, Juan José González Rivas, favorable a declarar la constitucionalidad de la ley. Y todo apunta a que así será, porque ese texto cuenta con las aportaciones de otros tres magistrados que llevan estudiando el asunto desde el pasado junio: Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Ricardo Enríquez. El debate sobre este recurso figura en el orden del día del Pleno que comenzó ayer, aunque fuentes del órgano de garantías señalaron a ABC que los magistrados no llegaron a abordar este asunto, lo que se espera que suceda hoy o mañana (los Plenos duran tres días). Tampoco se descarta que la deliberacion se aplace al siguiente pleno, pues varios magistrados ven precipitado el debate con esta ponencia nueva. Estos son los puntos objeto de debate. Devoluciones en caliente La ponencia inicial de Valdés pretendía declararlas inconstitucionales, pero una sentencia de Estrasburgo el pasado febrero dando la razón a España da un giro a su interpretación y avala el rechazo en frontera de los inmigrantes que saltan las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos. El precepto de la ley de Seguridad Ciudadana dice así: «Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Para Estrasburgo fueron los inmigrantes (objeto de la expulsión) los que «se pusieron en situación de ilegalidad» al intentar acceder «a lugares no autorizados» y además utilizaron la fuerza y se aprovecharon del efecto masa para hacerlo. El Tribunal señaló que podrían haber solicitado un visado o utilizar el puesto fronterizo para solicitar asilo, una aportación que el propio González Rivas recoge ahora en su ponencia. Registros corporales Otro de los artículos impugnados por la entonces oposición es el 20.2 de la ley, que «permite el registro corporal externo y superficial» del ciudadano, lo que a juicio de los recurrentes vulnera el derecho a la dignidad de la persona, su integridad física y moral y su intimidad. La ponencia del presidente considera que estos registros superficiales son proporcionados al objetivo perseguido, el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Manifestaciones frente al Congreso La ley castiga como «perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de manifestaciones frente a las sedes del Congreso, Senado y las asambleas legislativas de comunidades autónomas aunque no estuvieran reunidas». El borrador del presidente resalta el papel que juegan las cámaras legislativas en un sistema democrático y ve proporcionado que sean objeto de protección. No cree vulnerado el derecho de reunión ni manifestación pues la propia ley habla de «perturbación grave». «Uso no autorizado» de imágenes El artículo 36.23 considera falta grave «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes o el éxito de una operación policial con respeto al derecho fundamental a la información». González Rivas sólo ve inconstitucional la expresión «no autorizado» porque implica censura previa.

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