Se disparan los delitos sexuales y los ligados a la violencia machista en Galicia

[SHAKIRA]

Los delitos sexuales se dispararon el pasado año en Galicia hasta sumar 1.894 procedimientos incoados, lo que supone un 51 por ciento más que el año anterior. La misma tendencia al alza se registró en el caso de los delitos vinculados con la violencia machista, con una escalada del 46 por ciento. La explicación a parte de este preocupante incremento —recogido en la Memoria anual de la Fiscalía, dada a conocer este lunes— hay que buscarla en la comparativa con 2018, año de la huelga en la justicia. Sin embargo, este indicador no justifica plenamente el crecimiento de estos delitos que atentan contra la libertad sexual de las mujeres y sobre su integridad. Acerca de este dato, y al margen del parón comparativo de 2018, el fiscal superior, Fernando Suanzes, explicó que los casos de violencia de género «siempre siguen aumentando, a pesar de que España es uno de los países que lucha de forma más correcta contra esta lacra social». En esta línea, Suanzes afirmó que hay un incremento de este fenómeno derivado de que «las mujeres denuncian más, hay una mayor transparencia y hay un mayor tratamiento para estas cuestiones». Visto en detalle, los casos de violencia de género en Galicia derivaron en 3.462 calificaciones fiscales (+57%), lo que significa el 24,36% del global de las emitidas por la Fiscalía de Galicia en todo el 2019. De estas, el 43,9% fueron por maltrato ocasional; 26,1% por quebrantamiento de medidas cautelares; 10,7% por maltrato habitual; y 8,3% por amenazas. Pero la Memoria de la Fiscalía de 2019 arrojó otras cifras significativas. Por ejemplo, también crecieron los delitos contra el medio ambiente y de urbanismo, hasta el total de 750 procedimientos iniciados (+38%), de los que 27,1% están relacionados con incendios forestales —un 18% más—; y en seguridad vial aumentaron un 27,1%, con 9.258 procesos. En la otra cara de la moneda, bajaron un 4% los procedimientos judiciales iniciados por homicidios, que en 2019 fueron 246. Sin embargo, las sentencias crecieron un 60% y fueron un total de 64. De este total 16 fueron homicidios dolosos o asesinatos consumados o en grado de tentativa —tres por violencia machista—, mientras que 142 fueron muertes accidentales por homicidio imprudente (+17%): 62 en accidentes laborales y 90 en siniestros de tráfico. Llamativa es también, aunque estrechamente ligada a la recuperación de la actividad judicial, la cifra de menores enjuiciados en Galicia a lo largo de 2019: 939. Esto supone un incremento del 52,4% con respecto a los 616 de 2018. Los delitos registrados más numerosos fueron contra el patrimonio, que acapararon el 38,75%, con 1.388 ilícitos, seguidos de los de lesiones (12,73%, con 456 delitos) y los de violencia familiar (6,5% del total, con 233 casos). Rueda advierte a los infractores: «Todos tendrán su sanción» «Toda infracción tendrá su sanción». La afirmación a propósito de los incumplimientos vinculados con la normativa antiCovid la dejó caer este lunes el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras una reunión con los Concellos para determinar desde el «punto de vista jurídico» el modo de tramitar estas infracciones. En busca de un encaje legal, Rueda apuesta por «actuar con total seguridad» y «hacer las cosas totalmente fundamentadas desde el punto de vista jurídico», para que «todo el peso de la ley recaiga» sobre los infractores. Se trata, reconoció, de una «situación nueva» y de «un proceso» en el que la Administración y los Ayuntamientos están inmersos para «determinar quién tiene que ejercer la competencia» y «cómo hay que tramitar las denuncias». Pero la novedad no será impedimento, insistió, para que las acciones incívicas queden sin castigar. Apelando a la «voluntad de todas las Administraciones» de sancionar estas conductas «irresponsables», el vicepresidente advirtió de que todas las denuncias que se están produciendo tendrán su tramitación y su sanción cuando proceda, incluso en el caso de los Concellos que tienen poca «capacidad» para llevar estas multas adelante y que no queden impunes. A estos obstáculos se refirió el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien evidenció que «tenemos una dificultad que esperamos resolver en coordinación con la Xunta», al tiempo que admitió que en el caso de la capital deben «ser muy estrictos en la aplicación de la ley porque tenemos alguna asociación que, permanentemente, nos presenta recursos», se quejó.

[Solo los usuarios registrados y activados pueden ver los enlaces. Haga clic aquí para registrarse ... ]