La banca espera recibir medio millón de solicitudes de moratoria hipotecaria

[SHAKIRA]

Las entidades financieras que operan en España se preparan para afrontar un aluvión de solicitudes de moratoria hipotecaria. Según estimaciones del sector, al menos medio millón de usuarios pedirán acogerse a esta ayuda aprobada por el Gobierno dentro de su paquete de medidas económicas para atajar el impacto del coronavirus.Dirigida a las familias y autónomos que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se encuentren en una situación de vulnerabilidad, la moratoria echó a rodar con más dudas que certezas. El primer real decreto ley, aprobado el 17 de marzo, obligaba a los interesados a presentar una larga lista de documentos, algo que, con las Administraciones públicas cerradas, generó incertidumbre y ralentizó la puesta en marcha de los trámites. Apenas dos semanas después, el Consejo de Ministros aprobó otro real decreto que rebajaba las exigencias y establecía que, dadas las dificultades derivadas del estado de alarma, sería suficiente con aportar una declaración responsable. «En un primer momento todo va muy despacio porque las personas no pueden presentar la documentación. Poco a poco se ha ido agilizando», comentan fuentes bancarias consultadas. Por su parte, desde la Asociación Española de Banca (AEB) defienden que «los bancos están actuando con total celeridad en el cumplimiento de los procedimientos y formalidades fijadas por las autoridades» y destacan que «la demanda está siendo muy elevada».Avalancha en mayoHay entidades que ya hablan de decenas de miles de solicitudes recibidas hasta el momento y la previsión del sector es que el número de casos se incremente sensiblemente a partir del próximo mes de mayo. ¿La razón? Las familias empezarán a sufrir más. Los cálculos de los bancos españoles apuntan, en ese sentido, que una economía doméstica puede resistir, de media, hasta dos meses sin ingresos. Eso sí, recuerdan que lo último que dejan de pagar los españoles es la cuota de la hipoteca, una mentalidad muy arraigada en la cultura de nuestro país. Superados los escollos burocráticos iniciales, las familias afectadas por la pandema todavía se encuentran con un obstáculo: cumplir con las cuatro condiciones impuestas por el Gobierno, referidas a la situación profesional del titular –estar en paro o, si es empresario, haber sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de al menos el 40% en su facturación–; a los ingresos de la unidad familiar, que no pueden superar los 1.613 euros brutos mensuales; a los ingresos en relación a los gastos básicos y la cuota hipotecaria, que han de representar el 35% o más; y al esfuerzo para pagar la hipoteca, que debe ser 1,3 veces mayor que antes de la Covid-19. La moratoria echó a rodar con más dudas que certezas por los trámites legales que exigíaDesde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideran que los requisitos son bastantes restrictivos, por lo que el número de personas que accederán a la medida será muy reducido. La consultora Tessi Iberia concreta esa cifra en un 15% del total. Similar diagnóstico hace Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, que asegura que reúnen todos los criterios solo el 10% del centenar de expedientes que han analizado, tras atender unas 800 consultas. «Proponemos suprimir el segundo y el último punto, con lo que se triplicaría el número de personas que resultarían beneficiadas», dice Patricia Suárez, presidenta de la asociación, que reivindica también que se elimine el paso por el notario. «No es una novación del préstamo, sino una modificación contractual, bastaría con un contrato privado», expone Suárez.Las peticiones de aplazamiento se cuentan ya por decenas de milesDistintos bancos españoles explican a este diario que, aunque todavía es pronto para hacer balance, el porcentaje de peticiones admitidas hasta la fecha es notablemente superior al de los cálculos mencionados. Desde una de las entidades consultadas indican que han recibido en torno a 5.000 solicitudes, la mayoría de las cuales están aún en fase de estudio, pero de las ya revisadas, las rechazadas rondan el 20%. Otro de los bancos contactados detalla que de las miles de solicitudes recibidas, algo menos de 2.000, casi la mitad, del orden del 45%, han sido aprobadas, otro 18% está pendiente de documentos, un 31% denegadas (por incumplimiento de requisitos del real decreto) y el resto son otras situaciones (retiradas, etc.).Medidas alternativasAl margen de la moratoria legislativa, y con el recuerdo de la mala imagen que en el pasado les causó los desahucios, la banca se ha dado cuenta de que es momento de arrimar el hombro y está aplicando, de forma voluntaria, su propia moratoria en función del perfil de cada cliente, con lo que evitan un repunte de los créditos dudosos en la cartera residencial que perjudicaría a sus balances. Las diferencias fundamentales respecto a la que otorga el Ejecutivo es que la de las entidades es de un año, frente a los tres meses de la oficial, y que no exime del impago completo de la cuota, solo del capital. Algunas como Caixabank han ido más allá y han bloqueado el cobro desde el momento en que el usuario envía la documentación.Además, bancos como Sabadell o Bankia han lanzado en sus páginas web un simulador que permite que cualquier persona afectada por la crisis del coronavirus pueda evaluar si reúne todos los requisitos contemplados en la normativa aprobada por el Gobierno.Los solicitantes de la ayuda, exentos de pagar al notario y al registradorTodos los ciudadanos que, con motivo de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, hayan visto golpeadas sus finanzas y se encuentren en la situación de vulnerabilidad que determina el Ejecutivo, quedarán eximidos de hacer frente al pago de los gastos notariales y registrales cuando soliciten acogerse a la moratoria de las hipotecas y de otros préstamos. Así lo aprobó el Consejo de Ministros esta misma semana a través de un real decreto ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía. Junto con la moratoria hipotecaria, el artículo 21 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, contempla también la suspensión de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria, incluyendo los créditos al consumo.

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