La economía sumergida infectada por el coronavirus

[SHAKIRA]

Si la economía sumergida ya es un problema para cualquier sociedad y gobierno, la situación se agrava cuando, en un contexto como el actual, le pasamos el test y el resultado nos confirma lo que todos estábamos sospechando: también este sector de la economía empieza a sufrir las consecuencias de la infección por el coronavirus. Cualquiera que sea el ámbito que conforma la llamada economía sumergida y, por tanto, con independencia de lo que esta representa respecto del PIB en función del estudio que tomemos como referencia, no cabe duda de que es un sector de la población que quedará gravemente afectado. El problema puede analizarse desde dos perspectivas fundamentales: social y fiscal. En primer lugar, desde la perspectiva social, la declaración del estado de alarma ha supuesto para muchos una paralización, total o parcial, de su actividad laboral o profesional. El Estado, en su vertiente más social, ha puesto en marcha mecanismos de protección para compensar parcialmente el cese de la actividad económica. Sin embargo, quienes hasta ahora vivían bajo la sombra de la economía sumergida no podrán disfrutar en igual medida de los beneficios que se han diseñado para el resto de la sociedad, y quedarán sin ningún tipo de ingreso, necesario en muchos casos para su subsistencia. Afortunadamente, y lo sabemos por otras situaciones de profunda crisis a las que ya se ha enfrentado la sociedad española, en una mayoría de los casos son las numerosas organizaciones privadas y personas de bien las que ponen su pequeño grano de arena para frenar esta situación y consiguen sacar adelante a un número no desdeñable de familias españolas que se encuentran en riesgo de exclusión. Por lo que respecta a la perspectiva fiscal, la pandemia implicará un doble perjuicio para nuestras cuentas públicas. En primer lugar, será imprescindible afrontar un mayor gasto público para hacer frente a nuevas necesidades extraordinarias de carácter social generadas por el coronavirus. Asimismo, habría que tener en cuenta el incremento en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que no han interrumpido su funcionamiento durante esta crisis (especialmente, el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército). Es ineludible que la gestión de este gasto público se haga de forma eficiente y ejemplar. Corren tiempos en los que la credibilidad de la clase política está en juego y esta demanda de la sociedad española no puede demorarse ni un minuto más. En segundo lugar, al paralizarse la actividad económica se disminuirá la generación de riqueza, reduciéndose, en consecuencia, los ingresos tributarios y nuestra recaudación. En este contexto, el Estado no puede permitir que algunos ciudadanos se aprovechen de esta situación. Ahora es más reprochable que nunca que estos incrementen sus ingresos a través de la economía sumergida, eludiendo con ello su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. En este caso, no estamos ya hablando del mínimo de subsistencia referido anteriormente, sino de situaciones de capacidad económica no declarada que atentan gravemente contra los principios de generalidad, igualdad, progresividad y justicia tributaria contenidos en el artículo 31 de nuestra Constitución. La Hacienda Pública deberá ser implacable a fin de evitar que estas situaciones generen aún más descontento en la población. Urge, en consecuencia, una solución firme y comprometida con la finalidad de tratar de frenar o, al menos, amortiguar las consecuencias que provoca esta otra pandemia que es la economía sumergida y no solo pensando en el interés que tiene la Hacienda Pública por detraer, en aras de la justicia, parte de los ingresos que son necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, sino para proteger y cuidar, en un Estado Social y Democrático de Derecho, a quienes ahora más lo necesitan. Ana de la Herrán Piñar es vicepresidenta de Inspectores de Hacienda del Estado

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