El Estado avalará el 80% del crédito a pymes y autónomos afectados por el coronavirus

[SHAKIRA]

El Gobierno ha aprobado este martes la letra pequeña de los avales por 100.000 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinados a garantizar la liquidez a todas aquellas empresas que van a atravesar dificultades económicas por el impacto del coronavirus. Y tal y como pedían la banca y las empresas, el Estado ejercerá finalmente como gran avalista. El ICO asumirá el 80% del riesgo de impago en los nuevos créditos y renovación de los preexistentes a pymes y autónomos. En el caso de grandes empresas, ese porcentaje baja al 70% para los nuevos préstamos y al 60% para las refinanciaciones. Esa financiación, que se comercializará a través de los bancos pero con la garantía del Estado a través del ICO, se podrá destinar al pago de nóminas, facturas, necesidades de circulante y otras necesidades de liquidez como el pago de deudas financieras preexistentes y tributarias. De esta forma, los avales se destinarán básicamente a financiación para cubrir las necesidades urgentes de liquidez que van a afrontar las empresas del país. Los avales tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, según ha detallado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El ICO, dependiente del Ministerio de Economía, desplegará inicialmente avales por 20.000 millones de euros, de la cual los bancos tendrán que usar la mitad obligatoriamente para pymes y autónomos. Se podrán usar con carácter retroactivo para garantizar préstamos suscritos desde el pasado 18 de marzo. En caso de que esas garantías públicas se agoten, se activarán automáticamente los 80.000 millones restantes. Con estas condiciones, España sigue los pasos de Alemania y Francia, que desplegaron avales públicos por 500.000 y 300.000 millones de euros respectivamente para crédito a empresas y avalando hasta el 90%, lo máximo permitido por la Comisión Europea. El sector financiero y empresarial venía reclamando al Gobierno, cuyo planteamiento inicial era avalar de media entre el 50% y el 66%, que elevase esas garantías también al entorno del 80% tanto para créditos nuevos como para refinanciaciones para que la medida sea realmente eficaz. De lo contrario, sin ese aval público, los bancos podrían cerrar el grifo del crédito a las empresas. «Con este nivel de avales habrá más facilidad para que los comités de riesgos de los bancos concedan esos créditos», ha dicho Montero.

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