El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) revisará los contratos de servicios sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra con entidades sin ánimo de lucro excluyendo a empresas.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado en un elevar una cuestión prejudicial ante esta instancia comunitaria sobre el decreto del Consell 181/2017, de 17 de noviembre de 2017, por el que se desarrolla la denominada «acción concertada» para la prestación de estos servicios por fundaciones, organizaciones de voluntariado, asociaciones y otras ONG.Fuentes del TSJCV han informado este jueves de esta resolución ya comunicada a las partes, en la que admite la petición de consulta a la institución judicial europea, con sede en Luxemburgo, formulada por la Asociación Estatal de Entidades de Servicio de Atención a Domicilio (ASADE) en el marco de una demanda en la que reclama la nulidad del decreto.Se considera necesario recabar la interpretación del TJUE antes de dictar sentencia, a fin de «determinar si la norma cuestionada, que permite a la Administración autonómica y las administraciones locales adjudicar la prestación de toda suerte de servicios sociales a entidades sin ánimo de lucro, con la consiguiente exclusión de esa acción concertada de empresas como potenciales prestatarias, se ajusta al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a las directivas comunitarias sobre contratación pública y prestación de servicios en el mercado interior», según las mismas fuentes.
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