Defraudar con el ingreso mínimo vital conllevará el reingreso de hasta seis meses de

[SHAKIRA]

Defraudar con el ingreso mínimo vital puede llevar a sanciones que incluyen la pérdida de la prestación y el reingreso de la misma por un periodo de hasta seis meses. Así figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) donde hoy se ha publicado el real decreto ley que recoge la nueva prestación. El abanico de sanciones oscila entre el apercibimiento del infractor si se trata de una sanción leve, hasta las sanciones muy graves, como las que implican la pérdida de la renta y su devolución. Las faltas leves se centran en no proporcionar la documentación e información necesaria para acreditar que se mantienen los requisitos para mantener la prestación y conllevarán el apercibimiento del titular. No obstante, esta situación podría derivar en una infracción grave si por la omisión de información se haya ingresado una renta superior a la que le corresponde en un porcentaje inferior al 50%. Igualmente ocurrirá si no se comunica cualquier cambio que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días, o el hecho de no comunicar viajes al extranjero de más de 15 días al año. también se considerará grave el hecho de no cumplir con la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si se cometen tres faltas leves será equivalente a una grave en el caso de que el año anterior el perceptor ya haya sido sancionado. Las sanciones graves implican la pérdida de la prestación por un periodo de hasta tres meses, con el agravante de que si las infracciones derivan en la finalización de la misma, el ingfractor deberá devolver tres mensualidades. Las infracciones muy graves, por su parte, duplican el importe de las sanciones, tanto en tiempo como en cantidad a reingresar al Estado. En este apartado figuran los viajes al extranjero durante más de 90 días al año sin que hayan sido notificados ni justificados con anterioridad y las actuaciones fraudulentas que persigan aumentar el monto de la prestación o el acceso a la misma y que incluyan la aportación de documentos o datos falsos. Si en el año anterior ya se hubieran cometido dos faltas graves, una tercera implicará la asunción de una falta muy grave, al igual que el inclumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión. Además, según figura en el BOE, si el perceptor de la ayuda falsea sus ingresos, su patrimonio o no informa de cambios sustanciales que puedan derivar en el acceso indebido, además de la sanción y el reintegro de las cantidades indebidamenate cobradas se podrá procede a responsabilidades penales, civiles y administrativas y e infractor no podrá poder volver a beneficiarse durante dos años del ingreso mínimo vital. EFE El PP no se opondrá, pero reclamará la gestión para las comunidades El PP no está en contra del ingreso mínimo vital y por tanto su voto se mueve actualmente entre la abstención y el apoyo. Según la vicesecretaria general de política social del PP, Cuca Gamarra, en este momento se está «analizando en profundidad» los distintos aspectos que contempla el real decreto para decidir el sentido de su voto. En todo caso, reclamó su tramitación como proyecto de ley y que todas las comunidades «tengan capacidad de gestionarlo» si así lo consideran, y no sólo el País Vasco y Navarra. En la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP junto a la portavoz de los populares en la comisión de reconstrucción, Ana Pastor, recogida por Servimedia, Gamarra aseguró que «no estamos en contra del ingreso mínimo» pero aludió a la importancia de que se tramite como proyecto de ley. De hecho, los populares han exigido este lunes la comparecencia en el Congreso del ministro Escrivá para que explique los detalles de la medida. También Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ha señalado en esa dirección: «El ingreso mínimo vital es un concepto necesario», ha aseverado para matizar después que se trata de un proyecto con «grandes carencias» y que su grupo padirá la tramitación como poryecto de ley. «Hay que asegurar que llegue a la gente que más lo necesita», ha dicho. Además, Bal ha señalado la importancia de que el Gobierno no se olvide de otros colectivos que «se sienten abandonados», entre los que ha mencionado a los autónomos y a las familias monoparentales en las que el padre o la madre tiene que reanudar el trabajo presencial pero todavía no puede llevar a sus hijos al colegio porque continúa cerrado, informa Juan Casillas. Por su parte, Vox ha anunciado que rechazará en el Congreso el decreto ley sobre el ingreso mínimo vital porque considera que «cronifica» la pobreza, es «antinacional» por entregar a las comunidades forales la gestión de los pagos, y supone un efecto llamada «a gritos» de inmigrantes ilegales. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, su portavoz, Jorge Buxadé, ha señalado este lunes que aunque la semana pasada señaló la necesidad de aprobar esta nueva prestación estatal, no pueden aceptar el proyecto de ley redactado por el Gobierno, según recoge Efe. Para Buxadé, se está pretendiendo crear una renta mínima permanente en lugar de una medida extraordinaria temporal y excepcional «como corresponde a la necesidad real de los españoles hoy en día». «No queremos una renta mínima vital permanente que cronifique la pobreza y se convierta en una cartilla de racionamiento», ha dicho, sino medidas que permitan que «los españoles se levanten a sí mismos». Las declaraciones de Buxadé han sido radicalmente desmentidas por Escrivá: «es totalmente falso», ha dicho y ha ñadido que ha recordado que las personas en situación administrativa irregular no van a poder acceder al ingreso mínimo vital. Según Escrivá, aunque esta prestación no llegue a los migrantes en situación administrativa irregular porque «no es posible por la Ley de Extranjería», dejan «espacio a otras administraciones» para que puedan ayudar a este colectivo. La normativa incluye además la figura del cooperante necesario, por lo que las infracciones tendrán como responsables no solo a los beneficiarios de las prestación, sino también a otros miembros de la familia y otras personas que pudieran haber cooperado. Según eñ texto, los responsables serán «los beneficiarios de la prestación, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que hubiesen cooperado en su comisión mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la infracción no se hubiera cometido». El real decreto ley también abre la puerta a que se establezcan convenios de gestión con las comunidades autónomas, uno de los grandes focos de polémica, después de que sí se llegara a un acuerdo para la gestión por parte del País Vasco y Navarra pero no con el resto de las autonomías. Según figura en la disposición adicional cuarta del texto, sin perjuicio de los mecanismos de colaboración previstos, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación.

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