El Estado podría contratar a 2.000 profesores con lo que destina cada año a asesores,

[SHAKIRA]

La Administración General del Estado destina en asesores 55,8 millones de euros al año, según datos oficiales recabados por CSIF. «Con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicosmás o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la Tesorería General de la Seguridad Social, nuestras cárceles o nuestros juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más», concluye el sindicato en su Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, presentado esta mañana. En un momento en el que los sindicatos negocian con el Gobierno la próxima oferta de empleo público, en la que la propuesta de Función Pública recorta el número de efectivos en un 40% frente a 2019, CSIF reclama un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años. «Además, la Sanidad requiere un plan adicional, con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031», concluye la central.Esta es la diferencia que registra el sector sanitario nacional en plantilla frente a la media europea, según CSIF. Asimismo, el sindicato calcula que la Administración General del Estado requiere 43.700 plazas, la Educación, 43.393 y la Justicia, 19.299.Pérdida salarial de hasta 53.362 eurosPero la oferta de empleo público no es la única negociación sobre la mesa: el Ejecutivo tiene pendiente decidir a cuánto ascenderá el incremento salarial de los funcionarios. CSIF ha hecho un estudio sobre la perdida de poder adquisitivo entre el colectivo de 2010 a 2020. El estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros.Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente. En definitiva, según el sindicato, los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9% desde 2010. «Por ello, reivindicamos un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario», abunda la central.

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