Portugal, en vías de aumentar la retención fiscal para generar liquidez

[SHAKIRA]

Portugal ha puesto en marcha la maquinaria propagandística socialista para proclamar que los nuevos Presupuestos Generales, para el periodo de 2021, incluirán una bajada de impuestos en plena era Covid-19. Pero la realidad será otra. Las tablas de retención del IRPF iniciaron este año una serie de alteraciones, que proseguirán la próxima campaña. El objetivo es revertir en el cacareado aumento del salario mínimo nacional, fijado en 635 euros mensuales en 2020 y previsto para 658, de acuerdo con los cálculos oficiales más optimistas (que, probablemente, no se cumplirán en el difícil contexto actual). La medida consiste en una complicada ingeniería fiscal: quedarse con una retención algo más elevada en el corto plazo con el fin de impulsar la liquidez inmediata, sumando al mismo tiempo incesantes incrementos de las tasas indirectas. Por ejemplo, el tabaco y la gasolina, que alcanza unos niveles de gravamen tan desproporcionados como refleja el siguiente dato: por cada 50 euros que una persona gasta para llenar el depósito de combustible, 32 corresponden a impuestos varios. Solo de esta forma logra el Gobierno socialista de Antonio Costa preservar las cantidades de dinero disponibles. Es decir, van ganando tiempo antes de devolver en los dos ejercicios siguientes las retenciones aplicadas de más. Lo único que ocurre es que, de cara a 2021, esa tabla prevé una reducción de la tasa requisada, de manera que suba (un poco) el salario recibido a final de mes. Pero el borrador no contempla ningún descenso real de la carga impositiva, en absoluto. Además, los Presupuestos Generales no pueden darse aún por concluidos y han de pasar un doble trámite parlamentario antes de que puedan considerarse en vigor. Así, el 28 de octubre le tocará el turno a la votación genérica en la Asamblea de la República, mientras que el escrutinio global definitivo tendrá lugar el 27 de noviembre. Por tanto, pueden quedar en entredicho las voces que ya se han alzado (tanto en Portugal como en España) aireando que los vecinos ibéricos se proponen bajar impuestos en una época como la actual. Algunos han llegado a indicar que es «el único país europeo capaz de conseguirlo», sin tener en cuenta la verdadera idiosincrasia de la iniciativa presentada. Los índices de retención se mantendrán, al menos, hasta 2023, que será cuando finalice la segunda legislatura consecutiva de Costa. La meta no es otra que fijar entonces el salario mínimo en 750 euros, en caso de que todo se desarrolle según la planificación socialista. Con todo, la caja de los subsidios por desempleo también se verá afectada. El gabinete del primer ministro insiste en que se garantiza una prestación de naturaleza contributiva que «no tenga un tratamiento desfavorable», mientras el Bloco de Esquerda, socio habitual del PS, alerta sobre la finalización de 50.000 de esas pensiones a lo largo de los meses venideros. El ministro de Finanzas, Joao Leao, jura y perjura que se trata de «unos buenos Presupuestos Generales, que no acrecientan una crisis y otra crisis ni tampoco responden a un criterio de austeridad».

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