La morosidad de las autonomías se dispara y alcanza ya los 5.000 millones de euros

[SHAKIRA]

Desde hace años, la ley establece que las administraciones públicas deben pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días desde que certifican la realización de una obra, dan el visto bueno a un bien suministrado o a un servicio prestado, o registran una factura por un concepto que no requiera aceptación o comprobación. Ese máximo de 30 días, sin embargo, es incumplido sistemáticamente por el sector público español. Los que peor pagan son las autonomías y los ayuntamientos. Por añadidura, su morosidad se ha agravado durante el último año. Y ahora, con la crisis desatada por el coronavirus, esos impagos son un demoledor lastre para las empresas, en particular para pymes y autónomos, que son los más débiles ante episodios de falta de liquidez. En diciembre, las administraciones públicas españolas llegaron a tener en sus cajones facturas pendientes de pago por un total de 8.621 millones de euros. En enero se alivió algo la cifra y quedó en 6.507 millones. La media del último año es una deuda comercial viva de más de 7.000 millones de euros. El grueso corresponde a los gobiernos regionales. De media, durante el último año llevan arrastrando una deuda comercial de 5.000 millones de euros, tras haberla aumentado un 15% en 2019. Los ayuntamientos, por su parte, arrastran impagos por más de 1.200 millones de euros de promedio. Facturas en los cajones El pasado enero, las autonomías pagaron a sus proveedores 5.278 millones, pero en sus cajones se acumulan facturas pendientes por otros 4.910 millones. En el caso de los ayuntamientos, en enero pagaron facturas por un total de 1.304 millones, pero acumulaban otros 1.109 millones impagados. Otro dato relevante es el tiempo que llevan metidas en los cajones las facturas impagadas por los ayuntamientos: 127 días de promedio, más de cuatro meses. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad urgen al Gobierno a que ponga fin a estos sistemáticos incumplimientos en los pagos. El presidente de esa plataforma, Antoni Cañete, considera que esa morosidad resulta especialmente intolerable con la crisis que ha desatado el coronavirus, que está asfixiando al tejido productivo y al empleo en toda España. Antoni Cañete ve un contrasentido que el Gobierno ofrezca avales para que las empresas se endeuden en busca de liquidez, en vez de saldar lo que le deben las administraciones públicas. «Ayudar a las empresas es pagar lo que les debes, no incitarlas a pedir dinero prestado cuando su dinero lo tiene retenido la Administración», subraya el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. El presidente de la patronal de los autónomos ATA, Lorenzo Amor, insiste en el mismo sentido. «Estamos en un momento crítico en el que lo primero que hay que hacer es que las administraciones públicas cumplan rigurosamente con los plazos de pago que marca la ley». Y censura que «hay ayuntamientos que tienen superávits y que, sin embargo, no cumplen con los pagos en tiempo y forma porque no se les permite usar esos superávits». Antoni Cañete abunda en esto último con otro dato añadido: «Las administraciones locales de toda España tienen en los bancos 28.000 millones, de los que 12.000 son remanentes presupuestarios que la Ley de Estabilidad no les permite tocar. Ese veto habría que levantarlo de inmediato, porque no tiene sentido que las empresas se estén asfixiando y se les niegue ese oxígeno que puede ayudar a salvarlas». Deuda de grandes compañías Antoni Cañete afirma que, si finalmente se adoptan medidas para reducir la deuda de las administraciones con sus proveedores, la prioridad ha de ser saldar las facturas de pymes y autónomos. Para ello pide que se arbitren mecanismos que obliguen a los grandes contratistas a pagar a sus proveedores con los fondos que reciban de las administraciones, para que el «oxígeno» llegue a todo el tejido productivo y alcance a los más débiles de la cadena empresarial. En este sentido, advierte de que también es urgente desplegar fórmulas legales para reducir la morosidad que se concentra en las grandes compañías. Según Antoni Cañete, «las grandes sociedades del Ibex 35, a tenor de lo que recogen sus propios informes, tardan en pagar las facturas una media de 178 días, cuando están cobrando en un promedio de 58 días». Y eso -afirma- se refleja en una bolsa de facturas pendientes de pago «por valor de 122.000 millones de euros» que lastra al resto del tejido productivo.

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