Residencias públicas, una situación insostenible

[SHAKIRA]

Más de 27.000 ancianos muertos es la cifra escalofriante que hasta el momento nos ha dejado la pandemia en nuestro país. Una cifra que refleja la virulencia de la COVID-19 en este colectivo dada su vulnerabilidad, la ausencia de test en la fase más crítica de la pandemia y la imposibilidad de derivar a hospitales a los ancianos que enfermaban en centros residenciales, circunstancias todas ellas que han contribuido a engrosar esa dramática cifra. Los profesionales que trabajan día a día con las personas mayores han dedicado un esfuerzo inmenso para dar respuesta a todas esas necesidades, para apoyar y acompañar a los mayores y mantener informadas a sus familias en los momentos más duros de la primera ola. Pero el esfuerzo de los profesionales, que no ha sido poco, dista mucho de ser suficiente si no va a acompañado de la inversión necesaria en EPIs, en tests, en material de limpieza y protocolos de desinfección, etc. El problema radica en que cualquier entidad, ya sea empresa u ONG, que gestione residencias públicas, no puede seguir asumiendo estas inversiones sin el apoyo de la administración pública. Por desgracia, esta pandemia no va a desaparecer a corto plazo, y la situación empieza a ser insostenible dado que los costes asociados a la gestión de las residencias se han multiplicado para poder proteger a los usuarios y a los empleados, a la vez que se trabaja para seguir ofreciendo un servicio de calidad. Como es lógico, ningún pliego de condiciones contemplaba las inversiones en material contra la COVID-19 que se están asumiendo actualmente, pero es necesario que la administración tienda la mano a los gestores de residencias públicas en esta situación excepcional, al igual que se está apoyando a otros sectores cuya actividad se ha visto alterada por la pandemia. Hasta ahora el apoyo ha sido nulo al sector residencial. De los 16.000 millones de euros del Fondo COVID-19 para las Comunidades Autónomas ya hay partidas que se están destinando a sanidad, a educación o a la industria, pero por el momento las residencias públicas siguen sin recibir los apoyos necesarios. En los Presupuestos del Estado se contempla un incremento del 46% de la financiación del sistema de la dependencia en 2021 y, de nuevo, no tenemos constancia de si alguna partida estará destinada a residencias. A esto hay que añadir el anuncio del gobierno de que van a emplear 700 millones de euros de fondos europeos para realizar inversiones con el fin de mejorar la atención de personas mayores, “transitando desde el actual modelo de residencias a un modelo que apueste por la atención domiciliaria”. Además de ser un presupuesto claramente insuficiente, de nuevo, las residencias quedan fuera. Para los que somos gestores de residencias públicas es una prioridad absoluta proteger a nuestros mayores y a los profesionales en el contexto de crisis sanitaria actual, pero queremos recalcar que esta situación ya es insostenible. El apoyo en este momento por parte de la administración pública es crucial, no solo para evitar que la cifra mencionada al inicio de este artículo siga creciendo, sino para proteger un servicio, el de las residencias públicas, esencial en nuestro país, más aún si tenemos en cuenta que hay investigaciones que ya nos sitúan como el país más longevo del mundo en 2040. Considero que debemos dar un paso al frente para solicitar el apoyo de la administración pública para solventar esta situación. Está en nuestra mano decidir qué futuro queremos para nuestros mayores.==================================== Cristóbal Valderas es presidente de Clece

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