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La Comisión del Pacto de Toledo ha echado hoy andar bajo la tutela de la exministra de Trabajo Magdalena Valerio. La reunión ha escenificado el arranque formal de este órgano, que nace con el objetivo de renovar las recomendaciones para velar por la estabilidad del sistema público de pensiones, y ha servido para los distintos partidos expongan sus posiciones y su disposición a llegar a un acuerdo. «En la vida hay que ir sin prisa pero sin pausa», ha aseverado su presidenta a la entrada de la comisión. Valerio ya había avanzado su intención de que los trabajos continuaran a partir del documento que estuvo a punto de lograr el consenso de los grupos parlamentarios antes de que la convocatoria anticipada de elecciones precipitara el desmarque de Unidas Podemos, entonces representado por la actual ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz. «Hay mucho terreno ya andado, unos trabajos que se hicieron sobre todo en la legislatura anterior a la fallida y que espero terminen de fructificar en esta cuanto antes», ha dicho Valerio.La exministra ha vuelto a llamar también al consenso de todos los grupos: «Lo fundamental es conseguir un acuerdo unánime o con una mayoría lo más robusta y sólida posible para generar certidumbre en el sistema público de pensiones». En la misma línea se han mostrado el resto de grupos a su entrada a la reunión, incluido el diputado de Vox, pese a que durante la campaña el partido de Santiago Abascal fue muy crítico con esta comisión. «Nuestro animo siempre es aportar y proponer soluciones desde la responsabilidad y el sentido global. Es importantísimo que podamos llegar a algún acuerdo», ha dicho Pablo Sáez, diputado de Vox y portavoz del grupo en el Pacto de Toledo. Sáez ha avanzado, no obstante, que pese a que Vox está «a favor de revalorizar las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo», esto debe ir acompañado de «una revisión global». «Nosotros traemos la propuesta de una importante reducción del gasto político que puede financiar el mantenimiento y la sostenibilidad del poder adquisitivo de las pensiones». Por su parte, el Partido Popular, grupo que había solicitado la constitución urgente de esta comisión, ha reiterado que la estabilidad del sistema de pensiones se trata de un asunto de «pacto de Estado». El diputado popular Tomás Cabezón ha mostrado su «máxima disponibilidad y trabajo para llegar a un consenso por el bien de los más de diez millones de pensionistas actuales y los futuros». Y ha defendido que los trabajos comiencen donde los dejó el anterior equipo del Pacto de Toledo: «Hay un trabajo avanzado que evidentemente habrá que perfilar pero que es importante para poder trabajar por un consenso claro. Las pensiones son el tema social más importante que compete a nuestro país», ha zanjado Cabezón.En la misma línea se ha mostrado Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria y portavoz en la comisión del grupo Mixto, que ha reivindicado un «consenso político amplísimo» ya que se trata de decisiones que afectarán al gobierno actual «y a otros que ahora no están». Oramas ha defendido además que «las cotizaciones de los ciudadanos serían suficientes» para garantizar la estabilidad del sistema si si la seguridad social dejara de ser «un fondo sin fondo» del que los gobierno «van tirando» para pagar prestaciones más allá de las prestaciones. Lo cierto es que la comisión arranca sus trabajos con una fuerte presión, social y política para alumbrar un acuerdo. Para el Gobierno de coalición es clave articular la reforma del sistema de las pensiones en torno al consenso parlamentario y de los agentes sociales. También será decisivo el papel del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que acudirá al Congreso la próxima semana para desvelar las principales guías de su ministerio.
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